Una ola de descontento se ha levantado en la opinión pública, a propósito del recorte presupuestario que se prevé en la reciente propuesta presentada por la autoridad de la cartera del recientemente creado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El diputado de la Comisión de Cultura Marcelo Díaz, quien ha encabezado el amplio rechazo social que ha tenido esta medida, ha sido claro en expresar que este recorte deja al recién inaugurado ministerio con menos recursos que los que disponía la antigua y desmembrada institucionalidad cultural del Estado. Como una forma de minimizar la polémica emergente, los subsecretarios de Patrimonio y de las Culturas y las Artes, De la Cerda y Silva, respectivamente, han salido a desmentir el hecho afirmando que, al contrario de lo expresado por Díaz, el gobierno ha propuesto un aumento general de un 4% el presupuesto para el 2019.
No obstante, esto es una verdad a medias, ya que se han obviado varias implicancias necesarias de traer a la discusión. Lo primero que se omite es el hecho que este reajuste viene a atender asuntos de creación de nuevos cargos que la institución debe contemplar en su instalación. Siendo así, en ningún caso ese 4% está destinado a las cuestiones estratégicas del ministerio, como son los programas y actividades que representan los objetivos de esta cartera, todas ellos vinculados con las demandas y necesidades ciudadanas. Por otra parte, este 4% es sintomático de algo más delicado: después de décadas de que el país esperara contar con un ministerio de cultura, lo exiguo del incremento no solo es mezquino sino insignificante, lo que da claras muestras que para este gobierno el desarrollo cultura no es prioridad.
La insignificancia de este 4% incremento queda de manifiesto en un hecho dramático: el incremento propuesto, al parecer, no alcanzaría para la implementación de dichos nuevos cargos. De otro modo, ¿cuál sería la razón para que una gran cantidad de programas e instituciones colaboradoras del Estado vean afectado su presupuesto? En efecto, en contraste con este anunciado 4%, una larga lista de programas verá recortados sus presupuestos en varias decenas de puntos porcentuales. Entre las más afectadas estarán instituciones que recibían apoyo estatal mediante la transferencia 087. El Museo Violeta Parra; el Museo de Arte Precolombino, la Fundación Teatro a Mil, Balmaceda Arte Joven, Matucana 100 y el Teatro Regional de Biobío, perderán para el 2019, en promedio, alrededor del 30% del aporte recibido en 2018, impactando negativamente el funcionamiento y la programación de dichas instituciones colaboradoras del Estado. Otras instituciones estatales, como el Centro Cultural Palacio de La Moneda y el Centro Cultural Gabriela Mistral GAM, verán resentidas en un 5% su presupuesto. Pero recortes aún más sensibles se observan en el sector Memoria y Patrimonio. Aquí las rebajas son sustantivas para los programas de Sitio Patrimonio de la Humanidad y Patrimonio Cultural Inmaterial, cuya resaltante y sostenida labor por mejorar las condiciones en que cultoras y cultores desarrollan sus modos de vida y tradiciones, experimentará una pérdida de casi un 40%, retrocediendo con ello a la situación presupuestaria de hace 6 años. Lo mismo observan programas de Educación Artística dedicados a la infancia y la niñez, sector que con tanto entusiasmo el actual gobierno dice apoyar.
A la falta de interés por el desarrollo cultural, habría que sumar una manifiesta inoperancia de los equipos de confianza gubernamental que se han puesto a la cabeza del ministerio, ya que en este primer año de gestión se percibe un atraso nunca antes visto en la ejecución presupuestaria: para mediados de octubre la transferencia 087 debiera estar ejecutada en más del 80%, pero hoy no alcanza siquiera el 60%. Otra desaplicación ha quedado de manifiesto cuando solo a fines de septiembre se supo que el Festival de las Artes de Valparaíso no se realizaría, sumando otra pérdida para la ciudad de Patrimonio de la Humanidad. De igual modo el Fondo del Patrimonio que, entre otros, beneficiaba a Sitios de Memoria, no tuvo convocatoria a concurso público para la versión 2018, siendo que el presupuesto estaba aprobado y disponible. En esta catastrófica situación ha reinado la decisión arbitraria y la falta de argumentos técnicos.
Desde los Cabildos Culturales que impulsara la ex División de Cultura, por entonces liderada por Claudio Di Girolamo, Chile comenzó a desarrollar una marcada inclinación por el debate público ante de la toma de decisiones en cuestiones de desarrollo cultural, porque la cultura es, en su más amplio sentido, la estructura de la realidad en la que toda la sociedad participa. Pero este espíritu se ha visto fuertemente quebrantado ante el manifiesto golpe autoritario de imponer a rajatabla decisiones tan lesivas a los intereses de la ciudadanía cultural. Si no ha sido así, entonces sería conveniente conocer cuándo fue que esta autoridad convocó a las organizaciones afectadas para informar, siquiera, de las nuevas disposiciones presupuestarias. Esta verticalidad de mando no es un hecho aislado. Por el contrario, al interior del Ministerio de vive la misma arbitrariedad, cuando funcionarios y funcionarias que deben llevar a cabo la política cultural desconocen los motivos y argumentos técnicos para tales decisiones, así como se desconoce también cuales son los equipo expertos que diseñan la decisión de recortar tan significativamente los presupuestos de los programas. Tras estos arbitrarios recorte, lo más complejo viene a la hora de definir qué priorizar y qué dejar de hacer. Esto tiene implicancias éticas que afectan la credibilidad y confianza pública, pues la mayor de las veces los programas son acordados con las comunidades.
Frente a este escenario es imposible no sentirse alarmado y manifestar preocupación, principalmente, porque queda la fundada impresión que el proyecto de ministerio que tanto se esperó, vino a caer en manos de personas que no entienden cuál es el propósito y sentido de la creación de esta nueva cartera. Cada peso ganado en el financiamiento del desarrollo cultural ha sido producto de una denodada labor compartida con las comunidades y es de todo principio defender lo logrado. Décadas de trabajo y lucha por tener un ministerio no pueden malograrse por el desinterés y la improvisación irresponsable de una autoridad que desatiende el mandato soberano de la ciudadanía. La reducción presupuestaria de la cultura es una estocada a las esperanzas de generaciones de chilenos y chilenas que creyeron confiadamente que un ministerio representaría la mejor de las instancias para garantizar el desarrollo cultural de la sociedad con equidad y profesionalismo.
AFUCAP 
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