De mal en peor

Parece la cosa más necesaria y loable que un ministerio lleve a cabo un proceso de nivelación salarial entre quienes han permanecido por años remunerados por debajo de sus funciones y responsabilidades. Pero para que este proceso asegure justicia, son varios aspectos necesarios de implementar. Y de éstas, la que siempre nos pareció urgente, fue el diseño de un proceso que diera garantías de transparencia y equidad. Por eso, en AFUCAP nos pusimos como meta contribuir al proceso, haciendo llegar a la autoridad las observaciones y sugerencias surgidas de un amplio proceso participativo entre nuestros asociados y asociadas. Los aportes tenían por finalidad
afinar un instrumento objetivo, refractario a la amistrocracia y las históricas arbitrariedades que han dominado los aumentos de grado en la institución.
No bien terminábamos nuestras observaciones al proceso, cuando el asesor para la implementación del ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, nos sorprendió una vez más con otro de sus tecnicismos, al declarar públicamente que este programa de nivelación no tendría financiamiento de la DIPRES, sino que contaría con los ahorros institucionales. Quisimos saber qué significa este concepto un tanto innovador, el de “ahorros institucionales”, ya que, hasta donde sabemos, las instituciones públicas no generan ahorros pues el presupuesto debe gastarse conforme a su proceso de planificación anual. A poco andar entendimos que ahorro institucional significa, principalmente, dineros remanentes de las renuncias de funcionarios/as.
Entonces, serían estos dineros los que, en vez de destinarlo a la contratación de reemplazantes, se redestinaría a la nivelación de las personas más afectadas por la inequidad salarial de años anteriores.
Lo espurio de esta situación radica en que se implementaría un proceso necesario y largamente esperado, de manera irresponsable e improvisada, porque aquello que debiera ser financiado desde DIPRES, lo terminan financiado los compañeros y compañeras que están en funciones y que deberán repartirse el trabajo de quienes renunciaron.
No son pocas las personas que en los últimos doce meses han renunciado al Ministerio, producto de la debacle administrativa reinante y una exacerbada incapacidad de esta autoridad para mantener en funcionamiento los programas que de suyo vienen funcionando por años y décadas.
Al deteriorado clima laboral que, a ratos, parece que cada adminsitración busca ver la mejor manera de mantener, se suma la debilitación de equipos que, diezmados por el estrés y los malos tratos, hoy cuentan en algunos casos con menos de la dotación inicial. Así tenemos, por ejemplo, en la Región Metropolitana, los funcionarios/as encargados de hacer seguimiento a los proyectos de Fondos Concursables, ahora deberán subir su cuota desde los cuatrocientos proyectos anuale a seiscientos proyectos. La inusitada cantidad de proyectos que cada persona deberá asimilar, hace del desempeño laboral una actividad esclavizadora, pues esta cifra es la correspondiente a la
labor de tres personas. En otros departamentos del Nivel Central la situación comienza tornarse de alto riesgo y ya casi sin control. Durante las últimas semanas han sido varios los casos de colegas que han dado fehacientes signos de daño neurológico colateral, como son parálisis parciales y disfunciones moto/sensitivas, patologías derivadas del alto nivel de estrés laboral, situación claramente documentada por los resultados de la encuesta ISTAS 21.
Lo anteriormente expuesto, hace que la nivelación resulte una pesadilla con la que ninguna organización de trabajadores puede ni ética ni técnicamente estar de acuerdo, pues la labor sindical se sustenta en el principio de dignificar el trabajo, en cuanto experiencia vital de las personas. Lo que la autoridad ha tenido a bien llamar “ahorros institucionales” no es más que
reflejo de las deficiencias en la ejecución de la planificación anual. Expuesto este escenario, los “ahorros institucionales” son otra indecorosa forma de explotación, que busca en apariencia la corrección de una inequidad histórica, a costa de implementar otra peor.