Nivelación: Aguas turbulentas

El virulento comunicado en el que la autoridad responsabiliza a esta asociación gremial de detener un proceso que les corresponde a ellos y depende de ellos, nos atribuye mucha fuerza y denota poca convicción en sus acciones o bien, una “movida política” para desequilibrar la opinión y gestiones de una asociación que no se muestra obsecuente, dúctil o subordinada sino más bien crítica. Interesante.

Lo cierto es que la atribución de detener o no un proceso institucional solo recae en manos de la autoridad, es decir y por el momento, en las del Subsecretario Juan Carlos Silva, con quien pretendemos reunirnos a la brevedad, y es él quien debe tomar la mejor decisión al respecto. A no ser que esté mal asesorado, cuestión que no descartamos. Lo cierto es que, como lo hemos indicado a las distintas autoridades con las que nos hemos reunido, no contamos con un profesional idóneo a cargo de la gestión de las personas y el clima laboral, para coordinar, idear y/o desarrollar este tipo de acciones que implican a la totalidad de quienes trabajamos en esta institución.

Nuestra obligación es procurar que procesos como este se ajusten a la normativa y en principio este presentaba lo que, a nuestro juicio, eran vicios irresponsables. Este proceso perverso e incomprensible provocó enemistades, develó preferencias, exacerbó desconocimientos, alimentó esperanzas y está lleno de vacíos.

Además, nos han entregado información parcial o “a goteras”, sobre los recursos disponibles. Primero que eran ahorros institucionales, luego el monto (40 millones para Contrata, 60 millones para Honorario), pero ¿A cuántas/os financiará? ¿Qué expectativas tendrán quienes no hayan sido priorizados/as y presenten su postulación independiente? ¿Se financiará un número determinado por centro de costo? ¿Quiénes son las personas priorizadas?, ¿Si me encasillo en la planta, puedo optar a la nivelación?, esta información se publicaría el 12 de julio, antes de nuestra presentación a CGR, pero no cumplieron.

No hubo equilibrio en la determinación de cupos: 15 para un equipo de 20 y el mismo número para un equipo de 80.
Si está segura de la legalidad de su actuar, la autoridad no tiene argumentos administrativos o jurídicos para detener el proceso, salvo que haya respondido a un arrebato que perjudica solo a quienes dice respetar y valorar, pero esto último -claro- es impensable para una autoridad de su altura.

Revisa acá  Presentación de AFUCAP a Contraloría.