A dos años del Gobierno de Sebastián Piñera
En los últimos meses una serie de decisiones institucionales que se han conocido públicamente, han causado molestia y menoscabo respecto de la gestión, funciones y responsabilidad que le cabe a este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Como por ejemplo el revuelo que causó, en buena parte del círculo artístico en general y en el de artistas audiovisuales en particular, la decisión de sus autoridades en declinar de asistir a la invitación al certamen 2021 de la Feria ArcoMadrid, a la que Chile tuvo el honor de ser país invitado.
Las razones expresadas por el Ministerio para declinar asistir como “país invitado”, fueron informadas mediante un comunicado del 21 de enero de 2020, que no fue suscito por ninguna autoridad del Ministerio, decisión que fue ratificada mediante diversas fuentes, en el que junto con “valorar la oportunidad” de la convocatoria, señaló:“La razón de esta medida responde a la convulsión social por la que atraviesa nuestro país, desde hace ya tres meses. Las implicancias de este contexto es lo que nos ha obligado a un cambio de prioridades, anteponiendo la urgencia de las demandas ciudadanas”.
Posteriormente en un artículo del periódico electrónico El Mostrador con fecha viernes 07 de febrero 2020, Juan Carlos Silva, Subsecretario de las Culturas y las Artes, ratifica la información y se refiere a la decisión indicando lo siguiente:
«El nuevo contexto social, los hechos ocurridos con posterioridad al 18 de octubre, hicieron que el Ministerio, en todos sus programas, repensara cuáles eran los distintos énfasis o prioridades que tenían que darse», puntualizó, en virtud «de las brechas que la agenda social demandaba».
Como se puede apreciar, y como ha sido la tónica de otros comunicados, las autoridades de Cultura responsabilizan a un factor externo para justificar una decisión de carácter político e interno, pues más allá de las buenas intenciones, no existe ningún comunicado, instrucción o lineamiento institucional claro y formal respecto a la “reorientación de programas” o “cambio de prioridades” para atender “la urgencia de las demandas ciudadanas”, sembrando la duda del verdadero fundamento de la decisión, más aún cuando el sábado 06 de febrero de 2020, el Ministerio publica en su portal institucional un artículo denominado “Chile alista protagónica participación en el European Film Market del Festival de Cine de Berlín”, y que tras revisar el contenido y listado de material audiovisual, nada hacía referencia a la contingencia social que vive el país y, es decir; las obras seleccionadascarecían de contenido que pudiera perturbar a autoridades gubernamentales, y aunque se exhibiría material referente a los tiempos de la dictadura de Pinochet o el drama de las historias de exilio, que por funciones inherentes al Ministerio como el rescate de la memoria y el respeto a los Derechos Humanos, al no ser contingentes no necesariamente incomodarían a este gobierno, al Ministerio o sus autoridades, reduciendo así el compromiso institucional en materia de violación de Derechos Humanos a un contexto pasado pues, por ejemplo; no se reproduciría nada que muestre las violaciones de Derechos Humanos del presente, además no asistir podría haber significado abrir un flanco innecesario, pues con el breve, pero intenso episodio “Mauricio Rojas”, y nominaciones de consejeros regionales colaboracionistas de la dictadura, que debieron renunciar al poco tiempo de haber aceptado el cargo, para el Ministerio ya se ha completado la cuota negacionista del actual gobierno. Ninguna autoridad se esperaba, por cierto, las manifestaciones en favor del movimiento social “fuera de protocolo”, generando evidente incomodidad en las autoridad cultural presente al momento de la fotografía oficial del evento y cuya instancia fue aprovechada por la delegación de artistas presentes para entonar el canto “Chile despertó”, los artistas al igual que los estudiantes; protocolarmente “saltaron el torniquete”.
Sin embargo, reducir esta observación a una situación puntual, sería insuficiente para abordar la problemática o problemáticas que significa la implementación de la institucionalidad cultural, y las aristas políticas que en torno a ella se generan, sobre todo en el contexto político-social actual, pues el problema para la instalación de la institucionalidad cultural y su respectiva legitimación social por parte del mundo artístico-cultural-patrimonial y la ciudadanía en general, requiere de un análisis más profundo que solo cuestionar la asistencia o inasistencia a una u otra prestigiosa feria audiovisual, o al hecho de invocar conceptos como la “reorientación” de programas culturales que respondan a una “agenda social” impulsada por el actual gobierno y su interpretación del conflicto, pues en ninguna marcha o manifestación se han esbozado consignas como “exigimos una agenda social” o similar, agenda social por lo demás economicista y reformista que no profundiza en los verdaderos cambios exigidos por la movilización, pues el momento político social que vivimos responde no solo a un “estallido social”, lo que vivenciamos en la actualidad es un “choque cultural”, que a diferencia de los años 70 y el fatal desenlace del 11 de septiembre de 1973, la disputa social de hoy radica no sobre la base de ideologías políticas contrapuestas y representadas por la clásica y a esta altura básica y obsoleta conceptualización de las “izquierdas y derechas” y sus partidos políticos como trincheras ideológicas, sino que el desencuentro nace desde lo más profundo de la cultura popular versus la visión cultural de una elite oligárquica, endogámica y patriarcal que ve en el arte y la cultura un fetiche o una iniciativa financiable y “apoyable” mientras cumpla con la papelería y requisitos exigidos por bases, y por supuesto que no incomode el statu quo.
Las autoridades en Cultura y las autoridades de gobierno en general, no comprenden el momento político desde lo social o desde las necesidades, motivaciones, esfuerzos y expectativas de las y los diversos actores culturales, pues simplemente no las viven y no las entienden, por lo tanto en la realidad tampoco escuchan. En Cultura hemos sido testigos de declaraciones políticamente correctas en cuanto a la situación de los Derechos Humanos, en este contexto, por parte de autoridades del servicio. Sin embargo, ante el mínimo requerimiento de La Moneda participaron en la campaña comunicacional para el lavado de imagen del desaforado Ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera, uno de los responsables políticos de las actuales violaciones de Derechos Humanos. Entonces, utilizando redes sociales como twitter, brindaron apoyos personales, se cuadraron innecesariamente con las decisiones políticas comunicacionales de un gobierno deslegitimado y cuya única respuesta ante el estallido social ha sido la represión y criminalización de las demandas sociales, y a la vez maquillando su solución mediante la entrega de bonos o el congelamiento de tarifas de locomoción colectiva o eléctrica, entre otras, como parte de la “agenda social”, o que peor aún ha tenido la osadía de levantar y validar “tesis e informes” inverosímiles que carecen de rigurosidad analítica para encontrar explicación al actual fenómeno social. Pero el modelo sigue intocable.
Todo este tipo de decisiones solo contribuyen a aumentar la cada vez mayor distancia entre la ciudadanía y el gobierno y entre el mundo artístico-cultural y la institución, de esta manera para el caso específico, son artistas visuales quienes terminan pagando caro el hecho que autoridades de gobierno no quieran arriesgar un nuevo ridículo mediático, pues en cada evento abierto al público dentro o fuera del país las autoridades gubernamentales son interpeladas públicamente por diversos activistas sociales. El cambio cultural que vivimos es tal que la gente se expresa y manifiesta en todas las instancias que puede, ya sea en forma individual o colectiva y es necesario asumirlo.
Manifestaciones en favor de las demandas sociales y en contra del gobierno de Sebastián Piñera, han ocurrido en diversos espectáculos masivos realizados posterior al 18 de octubre, instancias en las que mediante entonaciones colectivas, la masa de asistentes no pierde oportunidad para rechazar a figuras clásicas del espectáculo y el humor que han sido serviles a la oligarquía y su cultura sexista y patriarcal que se han visto obligados a replantear sus rutinas para “adaptarse a los tiempos”, aun a costa de vergonzosas victimizaciones. En el mismo tenor, han coreado frases dedicadas al presidente de la república como “…asesino, igual que Pinochet”, usando la expresión cultural del canto como herramienta colectiva de denuncia, manifestación de inconformidad y visibilización de las demandas sociales. Quizás ese rechazo colectivo y masivo, ratificado en diversas encuestas, sea lo único claro que tiene este gobierno o lo que queda de él. Lo constató América Latina y el mundo entero por las pantallas en el Festival de Viña, donde artistas,de reconocida fama y trayectoria, realizaron potentes intervenciones y dedicaron palabras de apoyo y solidaridad a la movilización social y en especial a las víctimas de la represión, mientras el público en forma masiva coreaba una serie de cánticos nacidos desde las protestas y movilizaciones. Ante estos hechos, la desesperada respuesta de los organizadores se tradujo en anular el volumen del sonido ambiental o evitar enfocar pancartas con consignas alusivas a la contingencia social -obviando la existencia de miles de cámaras de celulares más libres, instantáneas y desinhibidas que las de la rigidez televisiva-, en tanto el intendente regional celebraba la realización del festival con “normalidad” y tratando de “delincuentes” a quienes se manifestaban fuera del recinto. A su pesar, las manifestaciones sociales se evidenciaron arriba, abajo y afuera del escenario.
El error principal del gobierno es seguir creyendo que el problema es solamente de orden público y no proponer una agenda que haga realmente sentido a la gente, pues después del Festival de Viña del Mar, según encuesta Cademdel pasado 02 de marzorespaldó las movilizaciones con aumento del 10% respecto a la encuesta anterior, agregando que el “71% (-5pts.) cree que la crisis que está viviendo el país es principalmente la expresión de un descontento social generalizado, y un 21% (+4pts.) que es un problema de orden público y de grupos violentistas organizados, manteniéndose la misma tendencia desde octubre”.
Lo que vemos hoy en las calles del país es quizás la confrontación cultural más grande de la historia republicana, un pueblo que se organiza y manifiesta desde los diversos territorios y expresiones culturales adyacentes; organiza asambleas territoriales, cabildos, conversatorios, desayunos, almuerzos y comidas comunitarias; usa los muros de las ciudades como verdaderos lienzos para el despliegue artístico; se toma espacios y realiza actividades culturales en plazas y calles sin permiso ni auspicio de nadie más que la propia autoconvocatoria y al son del “Chile despertó”, estableciendo y practicando soberanía popular en los territorios con un pueblo que superó la barrera del “confort” neoliberal sustentado en el crédito y la deuda y que ahora en plena era digital ha sido capaz de mirarse a la cara, hablarse, escucharse y organizarse volviendo al concepto de lo colectivo, comunitario y autogestionado, ocupándose y ocupando así, aquel espacio que la institucionalidad cultural es incapaz de cubrir, haciendo política desde la cultura popular y reemplazando a las organizaciones políticas clásicas de la izquierda, llenando el vacío político-social-cultural de las que fueron protagonistas durante la dictadura y parte de los años 90, ese mismo pueblo que reclama derechos al ritmo de batucadas, comparsas, bronces e innumerables expresiones de cultura popular en su mayoría pacífica, ha recibido como respuesta; balas, perdigones, gases asfixiantes, golpes, violencia político-sexual, secuestros, tortura y mutilación porparte de agentes del Estado y Fuerzas de Orden, avaladas una y otra vez por el presidente Piñera, los ministros de Interior e intendentes.
El choque cultural en referencia tiene su punto emblemático cuando cientos de miles de personas se reunieron en Plaza de la Dignidad, quienes sin permiso de por medio, más que las convicciones y la soberanía popular, aquel viernes 13 de diciembre del pasado año en forma absolutamente pacífica, corearon a viva voz junto al legendario Inti Illimani, “el pueblo unido jamás será vencido”, obviamente la molestia de la oligarquía autoritaria que le resulta inconcebible que miles de “patipelaos” se puedan tomar una plaza sin su “permiso” y la respuesta no se hizo esperar, a la semana siguiente la “estrategia” del gobierno nuevamente fue la represión, esta vez utilizando el “copamiento” con fuerzas especiales de carabineros y todo el despilfarro de recursos que tal despliegue implica, sitiando Plaza Dignidad para “evitar” desórdenes e impedir que estos “patipelaos” se reunieran nuevamente. El resultado: enfrentamientos entre pueblo movilizado y carabineros, demostrándose que la decisión no sólo fue errada en lo político, sino en lo táctico-militar, pues la plaza por muy acordonada y restringida que se encuentre, ha sido igualmente recuperada por los manifestantes en cada una de las jornadas posteriores. Como ya se ha dicho, el gobierno dice que escucha… pero no entiende.
El 28 de febrero de 2018, a 11 días de abandonar sus puestos, las autoridades culturales de la época anunciaban con bombos y platillos, la promulgación de la “flamante” ley que creaba el Ministerio, a dos años de dicho hito no están resueltos aún la orgánica interna del Ministerio ni terminados los procesos relacionados con la planta de personal (conocido como Hito 2 sobre encasillamiento), frustrando no sólo las expectativas laborales de cientos de funcionarias y funcionarios que aspiran a un reconocimiento y estabilidad laboral mediante el traspaso a la contrata, sino también la instalación sólida de lineamientos culturales claros, que no solo le den título sino carácter de Ministerio a lo que hoy tenemos. Se podría decir que, a duras penas se avanza en lo interno,entonces poco podemos esperar que se resuelvan las necesidades en lo externo, por mucho que en cada entrevista o consulta las autoridades invoquen la famosa “agenda social” o “reorientaciones” como respuesta comodín, pero sin lograr entregar claridad sobre en qué consisten y cómo pretende implementarse. Mientras tanto, la explosión cultural popular avanzó a pasos agigantados en los últimos años sin que nadie lo advirtiera o quisiera advertir, y por más que se hayan implementado medidas de desmantelamiento cultural, como por ejemplo, la eliminación de los Carnavales Culturales y posteriormente el Festival de las Artes en Valparaíso, las organizaciones y artistas populares han tenido la capacidad de reinventarse y replegarse en los territorios estableciendo y retomando vínculos con las y los pobladores de los diferentes cerros coordinándose no solo Valparaíso, sino Viña del Mar y comunas interiores, en la región que acoge al Ministerio, sino en el resto del país, generando alianzas y una gran red artístico-cultural que funciona paralela y más efectiva que cualquier instancia que pudiese generar un Ministerio que en su mayoría no se ve representada en él o en el mejor de los casos la institución es mirada con fines funcionales para el financiamiento de sus iniciativas cumpliéndose objetivos de la organización local, dicho repliegue territorial fue logrando revertir la imagen impuesta por los medios de comunicación hegemónicos que los mostraban como un montón de jóvenes con ganas de carretear a destajo dejando las calles de la ciudad llenas de basura y orina, no obstante en sus propios territorio estos jóvenes continuaron su labor artística y cultural, develando las injusticias y denunciando los abusos sistemáticos, siendo sus expresiones acogidas por las comunidades locales a quienes les empezó a hacer sentido el arte y la cultura como protesta y propuesta, convirtiéndose en factor del despertar de un pueblo, demostrando que la respuesta popular del repliegue territorial en el caso de Valparaíso se vio gatillada por decisiones políticas de las propias autoridades de este y anteriores gobiernos y en vez de desarticular generó lo contrario. A estas alturas, por más que el gobierno de turno haya declarado la guerra a su propio pueblo e invocado ficticios “enemigos poderosos y despiadados” a los que había que enfrentar, sigue sin entender que el peor enemigo de este gobierno es el propio gobierno y sus decisiones.
El repliegue cultural territorial no solo se manifiesta en Valparaíso o Viña del Mar desde donde al ritmo de batucadas y comparsas se baja desde los cerros a las marchas del plan, sino que en las principales ciudades del país se repite el mismo escenario. En Santiago se evidencia de forma masiva, donde dichos actores artístico-culturales en muchos casos, incluso se transforman en “primera línea” y resisten en forma directa la represión en las calles. En Concepción las marchas también avanzan al ritmo de la música y diversas expresiones artísticas y en Antofagasta, afloran desde poblaciones como “La Miramar” o por supuesto “La Bonilla” que para la comunidad local se ha convertido en referente de lucha, arte y cultura.
Quizás, capítulo y exclusivo aparte, merecen las performances feministas de Un violador en tu camino, creada por el colectivo Las Tesis y replicada no solo a lo largo y ancho del territorio, entre otras con una potente intervención masiva y multigeneracional a las afueras del Estadio Nacional, no solo dentro del país, se generó el impacto con la performance que trascendió fronteras, expandiéndose fuera del mundo occidental, en Turquía donde en las calles del país musulmán varias mujeres fueron arrestadas, y las principales parlamentarias de la oposición turca del Partido Popular, en pleno Congreso de ese país, replicaron la creación de las feministas chilenas, intervención que a viva voz denuncia la institucionalidad oligárquica, machista y patriarcal al grito de “el Estado opresor es un macho violador”, cuya primera presentación fue frente a la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile en Valparaíso el lunes 18 de noviembre de 2019 y luego en Santiago el lunes 25 del mismo mes, el día contra la violencia hacia las mujeres, denunciando y exponiendo a la cultura patriarcal institucionalizada, representada en edificios como Palacio de Tribunales o en distintas comisarías y recintos policiales del país a quienes se les acusa y responsabiliza de una serie de abusos y violaciones a los Derechos Humanos incluida la violencia político-sexual que ha afectado las disidencias, niñas, niños y, principalmente, mujeres de distintas edades. Esta intervención se produce cuando las autoridades se convencen en que estamos en un momento de calma o normalidad producto del acuerdo político, mal denominado “pacto por la paz y la democracia”, que consiguió bajar los niveles de movilizaciones masivas en las calles y descomprimir por un tiempo el convulsionado ambiente en las calles, no obstante nuevamente una intervención artístico-cultural, ahora de carácter feminista, rompe los esquemas de la política tradicional y pone al descubierto la fragilidad de un pacto político entre partidos absolutamente deslegitimados socialmente y ya sea en forma premeditada o no, la intervención de Colectivo Las Tesis reinstala el concepto de la protesta y ocupación de espacios en pleno centro de la capital, de nuevo bajo la lógica del “en la calle y sin permiso me organizo”, de nuevo el choque cultural entre una expresión popular emancipadora versus el Estado represivo, las feministas se encargaron de mostrarle al país y al mundo que esto aún no está zanjado.
También, el Patrimonio Cultural no está exento de este choque cultural que planteamos y en la actualidad se plantea como un espacio en disputa. Desde antes del 18 de octubre de 2019 estaba en discusión en la Comisión Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, el proyecto de una nueva Ley del Patrimonio Cultural impulsado por este Ministerio, cuya tramitación lidera el Subsecretario de Patrimonio. Un proyecto que se gesta a puertas cerradas y sin participación de las y los diversos actores sociales del ámbito patrimonio, por tanto es un proyecto que carece de legitimidad social pues nunca hubo participación ciudadana y vinculante en su diseño o redacción, ante lo que diversas organizaciones y comunidades ligadas al patrimonio cultural, en respuesta a una soberbia y discriminatoria decisión política de los representantes de gobierno, se autoconvocan y organizan en el denominado “Frente por una Ley de Patrimonio” que agrupa tanto a todas las organizaciones gremiales del Ministerio – AFUCAP presente- y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, así como a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el reguardo, salvaguarda o puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, exigiendo mediante presentaciones individuales por cada organización que conforma el mencionado Frente, quienes en diversas sesiones de la Comisión Cultura expusieron sus visiones y argumentos para solicitar el retiro del proyecto e iniciar la elaboración de un proyecto de ley desde el principio que incluya la participación con carácter vinculante por parte de las diversas organizaciones y velando por que se cumpla también con el convenio N° 169 de la OIT y al cual Chile suscribió y en el que se establece que cada proyecto que afecte a comunidades o pueblos originarios debe realizarse la denominada “consulta indígena”, situación que tampoco ocurrió pues como mencionamos, el desmantelamiento cultural tiene diversas formas de actuar según sea el escenario, en este caso dejar fuera de la discusión a todas aquellas organizaciones, es asegurar un proyecto de ley desde la mirada elitista, hegemónica, conservadora y autoritaria. Mientras tanto, en las calles cientos de monumentos en homenaje a los “próceres” de la historia han sido atacados, así como inmuebles religiosos con carácter patrimonial que han sido dañados o incendiados, bajo la simple lógica que dichos íconos representan, para gran parte de la ciudadanía movilizada, la explotación y abusos perpetuada durante generaciones. Entre las imágenes icónicas destacan la cabeza de Pedro de Valdivia pendiendo de los brazos de Caupolicán en la ciudad de Temuco, ¿habrá alguna imagen más representativa del choque cultural que comentamos? Ante estos hechos por supuesto autoridades de la cultura y el patrimonio salieron con sentidas declaraciones públicas frente a estos acontecimientos, pero guardan silencio cómplice cuando estudiantes, artistas o activistas del arte y la cultura son asesinados, agredidos, torturados o mutilados, haciendo escuetas referencias de su “constante preocupación por los Derechos Humanos”, pero sin mencionar ni repudiar el actuar de los agentes del Estado que perpetran las violaciones. Entonces, esperar que una institucionalidad, las autoridades en cultura y patrimonio o un parlamento, todos casi iguales en niveles de deslegitimados, sean capaces de decidir y regular el Patrimonio y sus diversas expresiones sin participación real y vinculante por parte de representantes de organizaciones en torno al patrimonio, resulta simplemente inconducente, pues es hora incluso de replantearse profundamente incluso el concepto “Patri-monio” según las y los cultores, trabajadores y comunidades asociadas, plantean que dicha denominación correspondería a una definición “patriarcal” del concepto y que debe ser reemplazada por “herencia cultural”.
Se podrían seguir analizando otras aristas presentes en el ámbito artístico-cultural y patrimonial que se han generado en este tiempo de implementación del Ministerio y a su vez otras formas en cómo se manifiesta el “desmantelamiento cultural”, como por ejemplo el incendio de Centro Arte Alameda que durante meses de manifestaciones fue dispuesto para la atención de los heridos de la cruenta represión de este gobierno sangriento o los incendios intencionales que finalmente terminaron por destruir al Museo Violeta Parra, mujer campesina y artista referente en la cultura popular, nacional y mundial, que habrían sido provocados, según diversos testimonios, por el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, implementando en forma burda acciones del desmantelamiento cultural comentado.
Comenzábamos a escribir este artículo durante las primeras semanas de febrero 2020, arriesgándonos quizás, al cuestionamiento de estos argumentos, no obstante ciertos acontecimientos posteriores han ratificado esta teoría del desmantelamiento cultural y de la confrontación cultural que vivimos, nuevamente fue incendiada la Casa de los Derechos Humanos de Punta Arenas, han sido atacados y vandalizados una serie de Sitios de Memoria, y quizás lo más mediático ha sido el caso del borrado de los murales del GAM que representa en estos momentos una verdadera “galería de arte callejero y popular”, cuya serie de intervenciones artísticas fue atacada con pintura gris por “desconocidos” que, amparados en la oscuridad de la noche y actuando en absoluta impunidad, aplicaron la doctrina de “desaparición” en los murales, no solo del GAM, sino en otros lugares de la ciudad de Santiago, sin duda una muestra más de lo que planteamos como choque cultural, demostrando que la represión de las expresiones culturales no solo se realiza mediante el uso de la fuerza por parte de carabineros o militares. Por otra parte,la contrarrespuesta de la oligarquía y sus aliados conservadores ante el fenómeno social, ha sido la rearticulación de los grupos de extrema derecha que realizan marchas a rostro cubierto, armados con escudos y otras armas recorriendo las calles, golpeando opositores e infundiendo el terror, todo amparado por el cuidado de las fuerzas represivas y serviles a sus intereses, para ellos no hay represión, ni balas, ni balines, gases asfixiantes, actúan bajo el amparo, protección e impunidad de carabineros, sin duda la cultura del terror también busca su espacio en este momento histórico mediante este tipo de acciones violentas y mediante la desaparición y desmantelamiento de las expresiones culturales sociales y populares. Mientras, las autoridades desconocen y manipulan la “violencia” como concepto, poniendo al mismo nivel las piedras que las balas.
Terminamos esta columna, sabiendo que lo expuesto no es una verdad absoluta, sino una percepción subjetiva de lo que puede estar ocurriendo, y sabemos que mientras tanto,a costa del esfuerzo y compromiso de las trabajadoras y los trabajadores de este Ministerio,se continuarán implementando los programas reorientados o no y seguiremos cumpliendo con la ejecución presupuestaria y respondiendo a las denominadas herramientas de control de gestión, conocidas en jerga institucional como los PMGs y CDCs. Sin embargo, con el análisis que compartimos en esta columna, intentamos entender en parte la dimensión del fenómeno desde una perspectiva del desarrollo y la evolución cultural que está viviendo el país, que ya sin dudas podemos afirmar la evidente influencia de las diferentes manifestaciones artístico-culturales-patrimoniales en el momento “constituyente” en el que nos encaminamos y donde la cultura, las artes y el patrimonio deberán quedar fielmente representadas en una nueva constitución que se avecina para evitar un nuevo desencuentro socio-cultural, y que frente al momento de inflexión política y cultural como este creemos necesario realizar esta reflexión para cumplir ese objetivo, pues es un contexto de reconfiguración político-socio-cultural será necesario no solo “reorientar” programas, pues el trasfondo no es programático, sino político y lo que habrá que reconfigurar en lo que viene es la política cultural del país en la dimensión que corresponda y a la altura de las demandas ciudadanas, una nueva historia con una carta de navegación realmente representativa e interpretativa de todos los cambios sociales y culturales vividos,para lo que no hay otro camino que una nueva constitución popular, paritaria y plurinacional.
AFUCAP 
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