No solo vergüenza, sino también indignación ha provocado la Sra. Consuelo Valdés Chadwick, ministra de cultura del Gobierno de Sebastián Piñera, con su afirmación “Un peso que se coloque en Cultura se deja de colocar en otra necesidad de los ciudadanos”. Esta desafortunada sentencia, parte de una entrevista en un medio de comunicación, pone de manifiesto la falta de convicción y compromiso para enfrentar los desafíos de su gestión, algo que los funcionarios y funcionarias venimos denunciando hace tiempo.
Sin embargo, es necesario poner en perspectiva esta nueva y controvertida aparición en público de la ministra, la que sin duda, es otro eslabón de una cadena de desaciertos: a su resuelto apoyo entregado al defenestrado ministro Chadwick, se suma su permanente silencio frente a los atropellos de derechos humanos cometidos por su gobierno, vulnerando el principio 8 del Artículo 1 de la ley que crea el ministerio que dirige; el deliberado intento de involucrar trabajadores del MINCAP tras el fracaso de mesa con artistas, cuando en la práctica, desde un inicio fue rechazada la participación de los sindicatos de trabajadores/as de este ministerio en esa instancia; su total silencio cuando carabineros saboteó en la Plaza de la Dignidad la presentación de Dlihgt financiada con fondos públicos del Ministerio y tampoco hubo palabras para defender el trabajo y esfuerzo «sus trabajadores«; el permanente silencio acerca de la infiltración de Carabineros de civil que, en diciembre de 2018, ingresaron de forma irregular al edificio institucional en Valparaíso, para espiar mediante un dron, a los trabajadores portuarios por entonces movilizados.
Frente a la locuacidad de la ministra Valdés para referirse a “los pesos demás” que recibiría el sector de las culturas y las artes, sorprende el silencio que mantiene sobre otros pesos que sí vulneran el erario nacional de modo artero. Nada se dice acerca de los $300.000.000 que han ido a parar a las arcas de la Fundación Jaime Guzmán; ninguna referencia a el desmedido gasto en armamento represivo de su gobierno para atropellar derechos humanos; tampoco referencia a los perdonazos del Servicio de Impuestos Internos a los millonarios dueños del país por fraude en la tributación, por solo citar algunos de los temas hoy en pleno desarrollo.
Los dichos de ayer (y las omisiones) de la ministra Valdés no deben entenderse entonces como una desprolijidad ocasional, sino más bien como una demostración evidente de una autoridad incapaz de asumir la conducción de la crisis.
La ministra Valdés, una y otra vez pareciera querer renunciar a sus responsabilidades antes de siquiera intentarlo, pues a esta seguidilla de desaciertos y omisiones, debe agregarse la recurrente excusa de la autoridad, en cuanto que el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio -MINCAP- no tiene atribuciones para entregar beneficios sociales. Con este argumento la Sra. Valdés pareciera soslayar el problema social que padece el sector artístico-cultural del país y deja en evidencia una preocupante carencia de propuestas, voluntad y sensibilidad respecto de las urgentes necesidades del sector.
Lo anterior queda comprobado en la porfía de esta autoridad de insistir con el modelo competitivo a través de fondos concursables, para entregar algún tipo de mínimo estipendio a las y los artistas, gestores, culturores, creadores. Solo que esta vez, los fondos se han subdivididos en cantidades irrisorias que oscilan entre los $150.000 y los $500.000, y que son entregados después de meses de espera, tras larga tramitación y con una exasperante sobrecarga de trabajo a los sobrecargados equipos de trabajadores y trabajadoras que vemos con alarma la replicación hasta el infinito del trabajo administrativo que representa este modelo.
Y es que el problema de diseño de una política pública acorde a la realidad deriva de otra inadecuación, también relacionada con la incapacidad de esta administración: en casi tres años de ministerio aún no entra en operación una estructura ministerial que agilice la capacidad de respuestas frente a las contingencias, entendido con ello que a la fecha el ministerio sigue trabajando con los programas y estructura del otrora Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, conservando como la función más relevante, la concursabilidad de fondos públicos, replicando esta falta de criterio al interior de la Institución en la toma de decisiones sobre los planes y programas, perjudicando nuevamente a los/as usuarios de estos programas, y a la ciudadanía en su conjunto.
A la luz de lo ocurrido, la dirigencia de la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, AFUCAP, tiene el convencimiento que el desarrollo cultural del país debe estar consagrado como Derecho Humano en la próxima constitución. Al mismo tiempo estima que la Sra. Consuelo Valdés no está a la altura de la dura y profunda crisis moral, económica y política por la que cruza la sociedad chilena y que golpea duramente sector de la artístico-cultural. Este acuciante escenario de graves carencias, la Sra. Valdés debiera reconsiderar las motivaciones que la llevaron a aceptar el cargo de ministra de Estado y anteponer el interés de la sociedad y, en especial, de la comunidad de artistas gestores/as y cultores/as.
Asociación de Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio -AFUCAP-
AFUCAP 